¿QUE SE ESCONDE DETRÁS DE LA LEY N° 32130 Y LA LEY 3213? (ANALISIS)

 1. Política criminal

Ley N.º 32130 Esta ley modifica el Código Procesal Penal con el objetivo de optimizar la investigación

penal y la función de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los puntos más destacados incluyen:

- Refuerzo en la función de la Policía Nacional: La PNP ahora tiene más autonomía para realizar

investigaciones preliminares, pero siempre bajo la conducción del Ministerio Público. Esto busca

agilizar el proceso y garantizar eficiencia operativa.

- Mayor coordinación: La ley establece que el Ministerio Público dirige la estrategia jurídica,

mientras que la PNP se encarga de la estrategia operativa. Esto asegura una mejor planificación

en las investigaciones.

- Regulación de medidas restrictivas: Se introducen plazos claros para medidas como la prisión

preventiva y restricciones de viaje, evitando su uso indefinido y protegiendo derechos

Ley N.º 32153 Esta norma afecta principalmente la interpretación de los derechos humanos en el ámbito

judicial. Entre sus principales cambios están:

- Restricción de jurisprudencia internacional: Solo se permite el uso de precedentes de tribunales

internacionales cuando Perú haya sido parte en los casos. Esto limita la influencia de decisiones

importantes, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede afectar

negativamente la protección de los derechos humanos.

- Impacto en el diálogo jurisprudencial: Al restringir referencias internacionales, se debilita la

interacción con sistemas globales de derechos humanos, lo que podría llevar a interpretaciones

legales más fragmentadas y desiguales.

- Retroceso en la protección de derechos fundamentales: Grupos vulnerables podrían verse más

afectados debido a la menor disponibilidad de herramientas legales para defender sus derechos

2. Criminalidad sexual

La criminalidad sexual engloba una amplia gama de actos ilegales que implican contacto sexual no

consentido, abuso, explotación o cualquier forma de violencia sexual. Desde la violación y la agresión

sexual hasta el abuso infantil y la explotación sexual, estos crímenes dejan profundas cicatrices en las

víctimas y erosionan la confianza en la sociedad. La verdadera extensión del problema es difícil de

determinar, ya que muchas víctimas no denuncian debido al miedo, la vergüenza, la culpa o la falta de

confianza en el sistema de justicia. Esta falta de denuncia crea un velo de oscuridad que impide una

comprensión completa de la magnitud del problema y dificulta la implementación de estrategias de

prevención efectivas.

Las causas de la criminalidad sexual son complejas e interrelacionadas. Factores como traumas infantiles

(abuso, negligencia, violencia doméstica), problemas de salud mental (psicopatía, pedofilia), abuso de

sustancias (drogas y alcohol), y una cultura que normaliza la violencia de género contribuyen a un entorno

en el que estos delitos pueden prosperar. El fácil acceso a la pornografía, especialmente aquella que

representa violencia sexual, también puede desempeñar un papel en la desensibilización y la

normalización de comportamientos abusivos.

Las consecuencias para las víctimas son devastadoras y de largo alcance. A menudo sufren traumas

psicológicos profundos, incluyendo estrés postraumático, depresión, ansiedad, y problemas de autoestima.

Pueden experimentar problemas físicos, como lesiones, enfermedades de transmisión sexual, y

complicaciones reproductivas. Las consecuencias sociales también son significativas, incluyendo

aislamiento social, dificultades en las relaciones interpersonales, y problemas en el trabajo o la escuela.

Combatir la criminalidad sexual requiere un enfoque multifacético que aborde tanto las causas

subyacentes como las consecuencias para las víctimas. La educación sexual integral, que promueva el

consentimiento informado y los límites saludables, es crucial. La intervención temprana en individuos

con riesgo de cometer estos delitos, a través de terapia y apoyo, puede prevenir futuros crímenes. Es

fundamental brindar apoyo psicológico, legal y social a las víctimas para ayudarles a sanar y acceder a la

justicia. Las reformas legales deben ser rigurosas y efectivas, protegiendo a las víctimas y asegurando

que los perpetradores sean llevados ante la justicia. Finalmente, la colaboración entre diferentes

instituciones – fuerzas de seguridad, sistema judicial, servicios sociales, y organizaciones de la sociedad

civil – es esencial para crear una respuesta coordinada y efectiva. Solo a través de un esfuerzo conjunto

podemos empezar a desmantelar las estructuras que permiten que la criminalidad sexual prospere y

construir una sociedad más segura y justa para todos.

3. Policía como agente de control social

Ambas leyes peruanas, la N° 32130 y la N° 32153, introducen modificaciones significativas al sistema

jurídico peruano, con un particular énfasis en el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) como agente de

control social.En ambos casos, las leyes analizadas refuerzan el papel de la Policía como un actor clave en

el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Sin embargo hay que destacar 3 puntos

importantes:

- El control social no se limita a la acción policial: Es un fenómeno complejo que involucra a

diversos actores sociales y mecanismos de regulación.

- El ejercicio del control social debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos: La

Policía, como cualquier otra institución, debe actuar siempre dentro del marco legal y respetando

los derechos fundamentales de las personas.

- La eficacia del control social depende de la confianza de la ciudadanía en las instituciones: Es

fundamental que la Policía actúe de manera transparente y cercana a la comunidad para generar

este sentimiento de confianza.

En conclusión, las leyes N° 32130 y N° 32153, aunque con enfoques diferentes, contribuyen a fortalecer

el rol de la Policía como agente de control social en el Perú. Sin embargo, es necesario que este rol se

ejerza de manera responsable y en armonía con los principios de legalidad y respeto a los derechos

humanos.Respecto a un enfoque criminológico la policía se erige como uno de los actores más relevantes

en el sistema de control social formal. Su rol trascendental radica en la prevención, investigación y

represión del delito, así como en el mantenimiento del orden público. Sin embargo, su actuación se

encuentra inmersa en un complejo entramado de factores sociales, políticos y culturales que influyen en

su desempeño y en la percepción que la sociedad tiene de ella.

4. Fiscalía como agente de control social

Las Leyes N° 32130 y N° 32153 han generado un debate significativo sobre el papel de la Fiscalía como

agente de control social en el contexto de la criminología en Perú. Estas leyes modifican el Código

Procesal Penal y Código Procesal Constitucional, lo que impacta directamente en la investigación

criminal y en la administración de justicia.

El Ejecutivo promulgó la Ley Nº 32130, la cual permite a los policías realizar las investigaciones

preliminares de los delitos y limita las competencias del Ministerio Público. los fiscales acordaron no

acatar la reciente ley y recalcaron que respetarán la Carta Magna, que indica que ellos dirigen las

pesquisas y los agentes policiales colaboran con las mismas como lo establece el Art. 159, inciso 4 de la

Constitución Política del Estado, por otro la Fiscalía de la Nación consideró que tiene un contenido

inconstitucional

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está

obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro ha expresado su oposición a esta ley, argumentando que

contradice el artículo 159 de la Constitución, que establece que el Ministerio Público debe dirigir las

investigaciones. La Fiscalía ha indicado que continuará actuando conforme a sus atribuciones

constitucionales y ha considerado la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra

esta ley

Por otro lado la Ley N° 32153 modifica el Procedimiento Constitucional estableciendo cambios en el

procedimiento de amparo, limitando así la capacidad de los ciudadanos para cuestionar decisiones del

Congreso u otras instancias gubernamentales.

Esta ley genera incentivos para el incremento de actividades delictivas, pues limita la aplicación de las

normas que sancionan a las organizaciones criminales. Por ejemplo antes de la Ley 32108 se establecía a

la organización criminal como aquella agrupación de tres o más personas que se crea o existe para

cometer delitos graves sin embargo ahora se establece de la siguiente manera

La organización criminal es una agrupación de tres o más personas con compleja estructura y

mayor capacidad operativa para la realización de delitos graves, con la finalidad de obtener, de

forma directa o indirecta, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal.

La exigencia de requisitos adicionales para calificar a un grupo como organización criminal deja fuera de

alcance a muchas redes delictivas que operan con estructuras más flexibles, aparte que dificulta la labor

de las autoridades en la identificación y sanción de grupos que, efectivamente, cometen actividades

delictivas

5. Poder judicial como agente de control social

El Poder Judicial desempeña un papel crucial como agente de control social, actuando principalmente a

través de la interpretación y aplicación de las leyes. En el contexto de las leyes N° 32130 y N° 32153, se

puede observar cómo estas normativas refuerzan la función del Poder Judicial en la regulación del

comportamiento social y en la resolución de conflictos.

El control social se refiere a los mecanismos que las sociedades utilizan para regular el comportamiento

de sus miembros, asegurando el cumplimiento de normas y valores establecidos. El Poder Judicial, como

órgano encargado de administrar justicia, tiene la responsabilidad de aplicar las leyes y resolver disputas,

lo que lo convierte en un pilar fundamental en este proceso. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial,

esta institución es autónoma y debe actuar conforme a la Constitución y las leyes, garantizando así el

respeto a los derechos fundamentales y promoviendo un orden social justo.

Mecanismos de Control Social

El Poder Judicial actúa mediante varios mecanismos que incluyen:

- Resolución de Conflictos: A través de juicios y procesos legales, se resuelven disputas entre

individuos o entidades, lo que ayuda a mantener la paz social.

- Sanciones: La aplicación de penas por conductas ilícitas actúa como un disuasivo para

comportamientos no deseados.

- Educación Legal: Al interpretar y aplicar la ley, el Poder Judicial también educa a la ciudadanía

sobre sus derechos y deberes.

Aspectos Criminológicos del Poder Judicial como Agente de Control Social:

- Criminalización Primaria y Secundaria: El Poder Judicial participa en la criminalización primaria

al colaborar con el Poder Legislativo y Ejecutivo en la tipificación de conductas delictivas. En la

criminalización secundaria, el Poder Judicial aplica las leyes penales y asigna sanciones a los

delincuentes.

- Principio de Legalidad: El Poder Judicial se basa en el principio de legalidad, lo que significa que

solo se pueden sancionar conductas que estén explícitamente tipificadas en la ley. Esto asegura

que las sanciones sean justas y predecibles.

- Equilibrio de Poderes: El Poder Judicial actúa como un contrapeso al Ejecutivo y Legislativo,

asegurando que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa. Esto es esencial para mantener

el Estado de derecho y prevenir abusos de poder.

- Protección de Derechos Humanos: El Poder Judicial también tiene la responsabilidad de proteger

los derechos humanos y garantizar que las sanciones no sean arbitrarias ni desproporcionadas.

Transparencia y Rendición de Cuentas: El Poder Judicial debe ser transparente y rendir cuentas de sus

acciones, lo que fortalece la confianza pública en el sistema de justicia.

6. El rol del congreso de la república

El Congreso juega un papel fundamental en la creación y modificación de leyes que impactan

directamente en cómo se aborda la criminalidad organizada. Las decisiones legislativas deben considerar

no solo la urgencia política sino también sus repercusiones criminológicas.

Implicaciones

- Responsabilidad Legislativa: Es esencial que el Congreso actúe con responsabilidad al legislar

sobre temas tan delicados como la seguridad y derechos humanos. La creación de un marco legal

efectivo debe ir acompañada de mecanismos que aseguren su correcta implementación.

- Colaboración con Expertos: La inclusión de criminólogos y expertos en políticas públicas en el

proceso legislativo puede ayudar a diseñar leyes que realmente aborden las complejidades de la

criminalidad organizada y no solo responden a presiones inmediatas.

7. Criminalidad organizada

El Congreso tiene una responsabilidad vital al legislar sobre cuestiones relacionadas con el crimen

organizado. Es esencial que se desarrollen leyes que no solo penalicen estas actividades, sino que también

fortalezcan las capacidades institucionales para prevenir y combatir el crimen organizado.

Por ello dicen que la criminalidad organizada tiene efectos graves en la seguridad y bienestar de los

ciudadanos. En el Perú, se ha observado que este fenómeno:

- Inseguridad Ciudadana: La presencia de organizaciones criminales se refleja en índices de

violencia y delito aumentados, generando un clima de miedo que perjudica la calidad de vida de

los ciudadanos.

- Alto niveles de exclusión social: la actividad delictiva puede convertirse en un mecanismo que

marginación de al menos las comunidades afectadas por la violencia. Las oportunidades de

progreso económico son anuladas por la violencia y el miedo.

- Difícil para el estado: la asociación con la corrupción desvirtúa la confianza de la sociedad en las

instituciones de control del Estado y delincuencia.

- Psicológicos: el miedo a que uno se convierta en víctima o en cuarto del crimen ha estado

presente en la vida diaria de miles de personas e impide toda posibilidad de uso del espacio y

horarios públicos.

Bibliografía

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“Mantendremos las atribuciones de la Constitución”. El Comercio Perú.

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- Cuentas, M. N. (2024, 15 octubre). Ministerio Público emite reglamento de instrucciones

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https://lpderecho.pe/ministerio-publico-reglamento-instrucciones-actuacion-fiscal-investigacion-d

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https://www.elperuano.pe/noticia/255031-nueva-ley-n-32130-modifica-la-investigacion-penal-y-l

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https://larepublica.pe/politica/2024/10/14/fiscalia-cumplira-la-ley-32130-sin-renunciar-a-la-condu

ccion-y-direccion-de-la-investigacion-274078

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Sociedad de Comercio Exterior del Perú.

https://www.comexperu.org.pe/articulo/ley-32108-de-crimen-organizado-urge-su-derogacion